aumento en noviembre y un bono de $30 mil en diciembre

El acuerdo incluye “establecer una nueva cláusula de revisión en enero de 2023” y “adaptar todos los conceptos de dietas y movilidad a la nueva situación”

Por iProfesional

30/09/2022 – 14:48


Después de varios días de lucha y amenazas de huelga, la Sindicato de Personal Civil de la Nación (Upcn) y el Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) alcanzó un nuevo acuerdo conjunto Para el empleados estatalesque incluye el adelanto a noviembre de la cuota de aumento del 10 por ciento prevista para marzo de 2023 y un bono único en diciembre de 30 mil pesos.

“Hoy 30 de septiembre a las 11 horas, en atención a la solicitud de la Upcn, se reunió la mesa de negociación en el Ministerio del Trabajo y se acordó: adelantar la cuota del 10% prevista para marzo de 2023 a noviembre y otorgar en diciembre por única vez cuota fija de 30 mil pesos, no remunerado o bono”, informó la organización gremial que encabeza Andrés Rodríguez.

Y añadió que también se decidió “establecer una nueva cláusula de revisión en enero de 2023” así como “adaptar todos los artículos de viaje y movilidad a la nueva situación” y “modificar las escalas de premios por presentismo en base al nuevo convenio”.

Por su parte, COMIÓ también aceptó la oferta del Gobierno pero “dejaron su disconformidad con el acuerdo por ser insuficiente“.

“La propuesta del gobierno solo contemplaba parcialmente nuestras demandas. Hay un pago adelantado de los tramos y un refuerzo antiinflacionario, pero no hay garantías de que los salarios del sector público no vayan a bajar con la inflación”, dijo el subsecretario nacional de ATE, Rodolfo Aguiar.

La negociación conjunta estuvo acompañada de un paro y una movilización convocada por la seccional bonaerense de ATE, encabezada por Daniel Catalano.

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ATE aceptó la propuesta del Gobierno pero firmó el acta en desacuerdo por considerarla “insuficiente”

Protestas sindicales: la lucha que viene en el Congreso

Las protestas sindicales y las situaciones de bloqueo denunciadas por algunas empresas en los últimos tiempos abrieron un nuevo frente de batalla dentro del Congreso. El bloque de diputados frente a todos pidió sancionar o incluso expulsar al liberal José Luis Espert por haber exigido “cárcel o bala” contra los llanteros, y la PRO Amenaza con meterse en la disputa por un lado.

El diputado del PRO Laura Rodríguez Machado y 14 legisladores de Juntos por el Cambio presentó un factura para los bloques a empresas se considerado delitosEn concreto, propone que sean sancionados con “reclusión o prisión de 3 a 8 años” quienes “con el pretexto de motivos sindicales, impidan o dificulten el normal funcionamiento de un establecimiento comercial o industrial”.

El proyecto se presentó casi al mismo tiempo que el oficialismo expresó su “profundo rechazo” a las contundentes declaraciones de Espert y apeló al artículo de la Constitución que propone la “remoción por incapacidad moral” de un diputado. Ambos hechos ocurrieron independientemente el uno del otro. pero se empieza a ver un hilo conductor.

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